La Infamia en el Trono de los Derechos Humanos: El Insulto de Griselda Lobo
El nombramiento de Griselda Lobo (conocida como Sandra Ramírez) como vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos es mucho más que una decisión política; es una puñalada directa al corazón de las víctimas y una burla sangrienta a la ética pública de una nación que aún intenta sanar. Que una mujer con su historial sea hoy la «guardiana» de los derechos fundamentales en el Congreso no es un gesto de paz, es una oda a la impunidad.
El Prontuario que la Política no Borra
No podemos llamar «líder» a quien fue pieza clave en una organización que hizo del horror su bandera. Hablamos de la mujer señalada por ser una de las mayores reclutadoras de menores, arrebatando niños de sus hogares para convertirlos en carne de cañón. Hablamos de la frialdad detrás de una política sistemática de abortos forzados, donde la maternidad era un «delito» castigado con el legrado clandestino o la muerte.
¿Con qué autoridad moral va a hablar de derechos humanos quien silenció los gritos de miles de mujeres y niños en la selva?
La Bofetada a las Víctimas
La elección de Lobo es el mensaje más devastador que el Estado puede enviar a quienes sufrieron el conflicto «Su dolor no importa».
- A las madres que aún buscan a sus hijos reclutados: Se les dice que su verdugo ahora es «honorable».
- A las mujeres violentadas en los campamentos: Se les notifica que la arquitecta de su miseria hoy dicta leyes sobre dignidad.
Es una inversión de valores perversa. La Comisión de Derechos Humanos debería ser un santuario de justicia, no el refugio de quienes los pisotearon sistemáticamente durante décadas.
La presencia de Griselda Lobo en esa mesa directiva despoja a la comisión de toda credibilidad. No se trata de «reincorporación», se trata de decencia mínima. Un proceso de paz puede otorgar curules, pero no debería otorgar el cinismo de permitir que el lobo cuide a las ovejas.
La sociedad civil y las comunidades víctimas de la violencia deben rechazar unánimemente este nombramiento. Aceptar esto como «normal» es aceptar que en Colombia la victimización paga y que el pasado criminal es un currículum válido para la alta política.
No es una vicepresidencia; es una afrenta. Y el silencio ante ella nos hace cómplices de la desmemoria.
